Luis Fernando León / Socio-director de
León&León Abogados

Un consejo que yo siempre os daría cuando tengáis que hacer un poder de representación a través de un notario, será que siempre miréis “con lupa” qué tipo de poder se va a otorgar a nuestro representante, sobre todo, dependiendo de la finalidad a la que va destinada el poder.

Aunque un buen notario siempre nos informará debidamente de lo que vamos a firmar, es siempre conveniente que conozcamos bien el alcance de esa “representación” que le vamos a otorgar. Así, por ejemplo, no es lo mismo un poder para una representación procesal en un pleito, donde las facultades que se otorgan al abogado representante pueden ser muy diversas y alcanzarán, normalmente, a aquéllas que le permitan llegar a acuerdos en el proceso o renunciar al mismo en nombre del cliente; pero incluso se les puede permitir cobrar dinero en nombre del cliente (de ahí lo de aconsejaros que “miréis con lupa” lo que se le otorga, que luego vienen los malentendidos y los problemas…).

Otras veces, incluso, cuando otorgamos un poder a una persona de nuestra más estricta confianza, para que firme por nosotros en entidades financieras, administraciones públicas, etc., esas facultadas se amplían incluso a lo que común y popularmente hemos denominado como “poder de ruina”, es decir, que nuestro apoderado puede firmar préstamos, hipotecas o actos que nos pueden generar muchos dolores de cabeza, si se hace un abuso de la confianza con la que se otorga la representación…

Pero lejos de estos ejemplos, en otras ocasiones, pensamos que estos poderes son “plenipotenciarios” y alcanzan “todo lo habido y por haber”, y se dan situaciones como una que he conocido hace poco, y que acabó en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, porque se denunció al Servicio de Salud de Castilla La-Mancha (SESCAM), por negarse a entregar el informe médico solicitado por un padre respecto a su hijo mayor de edad porque, pese a presentarse un poder notarial, el poder no autorizaba específicamente para el acceso a los datos médicos.
Y es que un poder, como reza el título de este artículo, no tiene por qué ser un “súper poder” y no tiene por qué referirse a todo tipo de actuaciones en nombre de una persona cuando lo otorgamos. Así, en este otro caso que os expongo, aunque la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos nos permite ejercitar tales derechos a través de un representante legal o voluntario, hay que dejar claro que esta Ley siempre exige que se cuente con el consentimiento expreso y explícito del titular de los datos.

En este caso, hubiera bastado con que, en el poder notarial que el hijo otorga al padre, hubiera contenido la autorización expresa del hijo para autorizar a su padre a recabar este tipo de datos más protegidos (lo que se conoce en el argot legal como “datos sensibles”, es decir, datos médicos o que contengan información más comprometida de la persona, como su ideología religiosa o política, etc.).

La Sala, que en este caso por competencia de la materia correspondía a la Audiencia Nacional, entendió que el padre no llevaba razón y absolvió al SESCAM de cualquier infracción en materia de Protección de Datos, lo que, en el caso contrario, hubiera supuesto una sanción económica de muy elevada cuantía para el infractor.