Me decía vuesa merced el mes pasado o, mejor, en nuestro anterior encuentro vuecencia se había embarcado en la enumeración, de pe a pa, de los más grandes chanchullos, estafas, suciedades económicas y políticas, dolos y fraudes, así como otras muchas canalladas perpetradas por nuestros políticos (así como personal adyacente) desde los ya antiguos tiempos republicanos, pasando por el más puro franquismo, hasta nuestra actual democracia, ahora más que cuarentona. ¿Va su excelencia a seguir con la enumeración y contabilidad de dicha basura?
– Sí, Lorencito. Seguiremos con ello y ahí va. Tras el caso Urralburu, entre 1987 y 1991, nos encontramos con el Caso Cementerio, o privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas en 1992. La adjudicación se juzgó con los cargos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
– Por lo que se ve también se trafica con los muertos.
– Claro. Y dan menos guerra que los vivos. Pero continúo. Caso Estevill, trama de corrupción judicial en torno al exjuez y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación y Caso Turiben, una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas. Como se ve no hay estamento que se libre. Pero sigamos. Caso Salanueva: Detención de la exdirectora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos en 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas. Además en 1994 esta misma señora fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso.
– Pero nos estamos saliendo de los políticos, objetivo principal de este escrito.
– Sí Lorencito, tienes razón, pero me da no sé qué dejar a un lado a estos pájaros de cuenta. Seguimos con el Caso Roldán, llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado. Y lo siento, aunque Mario Conde no era político, debo mencionar el Caso Banesto, un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba. Seguimos con el Caso Naseiro, financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias, y no nos olvidaremos del Caso PSV, fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal del sindicato UGT. Volvemos, pues, a partidos y sindicatos. Por lo que no vamos a olvidarnos del Caso Hormaechea, prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, exalcalde de Santander y expresidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación. Seguimos con el Caso de la minería, subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Ángel Pérez Villar, exsenador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada. Caso Zamora: iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un “impuesto” de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso fue archivado en 2002. Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.
– Volvemos a salirnos de los políticos, maestro.
– Tienes razón, pero seguro que alguno de ellos debía de estar muy cerca. Pero ya que buscas casos políticos, ahí va otro: Caso Zarrafaya. En 2005 el alcalde socialista de esta localidad granadina, Salvador Zamora, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres concejales -sentenciados a 7 años de cárcel-, por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizarlo.
– Supongo que todavía quedarán muchos, ¿no?
– Imagínate, Lorencito, acabamos de repasar (dejando muchos en el saco) los gobiernos de Felipe Gonzáles y José María Aznar. El próximo mes empezaremos por los destapados (no por ello cometidos) durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero y, si alcanza, de Mariano Rajoy. Seguro que llenamos la página.