Son cerca de veinte propietarios, y uno de ellos, Jesús Pozuelo, presidente de la comunidad de regantes daimieleño, ha señalado que están dispuestos a defender sus derechos en los juzgados, si no hay acuerdo satisfactorio por la vía administrativa.
Los propietarios de las tierras que el Estado ha recuperado como Dominio Público Hidráulico en el tramo del río Guadiana entre los molinos de Zuacorta y Molemocho están preparando las alegaciones con las que “defender nuestros derechos” frente a la administración, en palabras de Jesús Pozuelo.
El presidente de la comunidad de regantes de Daimiel, y afectado por este deslinde, ha explicado en Radio Daimiel que los “cerca de veinte propietarios” de estos terrenos están recabando toda la documentación posible para avalar la privacidad de dichas parcelas. “Hemos acudido al Archivo Histórico, tenemos notas del registro que demuestran que se han ejecutado hasta diez ventas diferentes y los pozos está perfectamente documentados”, relataba.
Por todo ello, Pozuelo cree que “la administración está entrando en una contradicción”, y no entiende que “antes de que haya una resolución en firme”, esas tierras ya estén “grabadas en el registro de propiedad dentro de un proceso de apeo y deslinde”.
Batalla judicial, si es necesario
De momento, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) no ha dado pistas a los agricultores afectados de cómo va a solucionar un conflicto donde “tenemos muchos intereses y mucho años de trabajo detrás”. Por eso están dispuestos a plantear batalla judicial si tras la presentación de sus alegaciones, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 30 de septiembre, no se resuelven satisfactoriamente para ellos en la vía administrativa. “Es lamentable que para defender tus derechos te tengas que gastar el dinero, pero si tenemos que llegar hasta ahí, lo haremos”, remarcaba.
Jesús Pozuelo vislumbra que esta decisión que anunció la CHG el pasado mayo tiene como objetivo la ampliación del Parque Nacional de Las Tablas hasta el nacimiento de los Ojos del Guadiana. Algo que no le parece “descabellado” porque son zonas “íntimamente relacionadas”. Si esta fuera la hoja de ruta, Pozuelo entiende que la administración debería hacer “lo mismo que hizo cuando el parque se amplió hacía el oeste” con la construcción de las presas del Morenillo y de Puente Navarro. “Antes de entrar en conflicto, aquellas tierras se compraron porque se iban a inundar y no hubo mayores aspavientos”, comentaba Pozuelo, aunque no sabía con exactitud la situación de los títulos de propiedad de esos terrenos.
En este punto, Pozuelo señalaba que “la mayoría de los propietarios tiene sus parcelas debidamente registradas” y recalcaba que sería “un atropello en toda regla” que no hubiera una compensación por este deslinde.
Jesús Pozuelo también criticaba que la delimitación realizada en las parcelas “deja unos restos impracticables para la explotación agrícola”. Es decir, dejaba entrever que el Estado debería comprar las parcelas enteras porque “la parte que se pueda sembrar” en esos márgenes del río estaría expuesta “a la presión de la fauna que va empezar a aparecer”, y eso llevaría a “más reclamaciones por daños”.
Zona afectada
El proceso de apeo y deslinde se llevará a cabo en las dos márgenes del río, sobre una extensión total de 13.500 metros de longitud. En el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la CHG basaba su decisión en el cumplimiento de la Ley de Aguas y señalaba que la tomaba por la “detección de presiones” sobre las márgenes de este tramo de río, motivadas fundamentalmente por actividades agrarias
