La Corporación Municipal de La Solana acaba de aprobar el reglamento del Consejo Local de la Mujer. Se trata de un instrumento que permitirá mejorar la interlocución social para lograr más cuotas de igualdad real, según se explicó durante el Pleno Ordinario celebrado este jueves. El punto salió adelanta por unanimidad, sin fisuras en el fondo, aunque sí con matices por la forma de elevarlo al órgano máximo de decisión municipal. La sesión también aprobó la regulación para cuantificar la productividad de los empleados del Ayuntamiento y la creación de un puesto de confianza de Alcaldía con carácter eventual.

El nuevo reglamento que regulará el Consejo Local de la Mujer arrancó la sesión. El grupo socialista dio su visto bueno. La concejala María José Arias considera “interesante este reglamento”, aunque lamentó que no se haya pedido la opinión de la oposición ni se haya convocado a otros agentes para su proceso de elaboración, como representantes de AMPAS, escuelas infantiles, colegios o institutos. También echa de menos una partida económica y la posibilidad de acogerse a subvenciones del Instituto de la Mujer. Confirmó el voto favorable del PSOE, aunque solicitó “revisar juntos el reglamento”.

La concejala de Mujer e Igualdad, Ramona López, defendió el citado reglamento. “Supone un paso adelante en el que todos ganamos y La Solana se enriquece”, dijo. Cree que permite más diálogo entre la ciudadanía y que muchas mujeres “sean agentes activos”. La alcaldesa, Luisa Márquez, cerró el debate recordando al PSOE que “las comisiones de preparación al pleno están para presentar propuestas” y que se expuso el texto en el tablón con la suficiente antelación. En cualquier caso, insistió en el compromiso del equipo de gobierno con la protección a la mujer, como demuestra un convenio firmado recientemente con la Guardia Civil.

Productividad

El punto tercero abordó otro reglamento, esta vez para regular la cuantificación y gestión del complemento de productividad para empleados municipales. El portavoz socialista, Eulalio Díaz-Cano, volvió a quejarse de que se ha obviado a su grupo y de que “la tónica general es la unilateralidad”. Además, añadió que no se ha consensuado con los trabajadores. “Lo dejan a una comisión donde ustedes se lo guisan y ustedes se lo comen”. En cuanto al reglamento en sí, recordó que no es obligatorio, pero que tiene muchos componentes recogidos de otros pueblos. Los socialistas votaron en contra.

El concejal de Hacienda y Personal, Ramón Gallego, valoró la utilidad del nuevo reglamento. Por un lado, dijo que es “vivo y está sujeto a revisiones”, aunque subrayó su necesidad porque “no tenemos ese reglamento ni una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) acorde con la estructura actual, ya que data de 2007”. Criticó que una empresa externa cobrara 18.000 euros “para nada” e insistió en la necesidad de este marco legal como “elemento retributivo motivador”.

Precisamente, el punto siguiente aludía a una modificación de la RPT. El portavoz socialista volvió a criticar que no se haya acordado con los representantes de los trabajadores, al contrario que ellos hicieron -cuando gobernaban- para mejorar las condiciones de la Policía Local y de los empleados con menor salario. “Y ahora traen una contratación a dedo de personal de confianza”, señaló. Ramón Gallego (PP) abundó en que el objetivo es la solución de problemas detectados y que las modificaciones presentadas “son necesarias siempre que haya presupuesto”. Recordó que el nuevo equipo de gobierno tiene que afrontar la apertura de hasta 83 plazas de estabilización, y avanzó que el PSOE “será invitado a la próxima mesa de negociación”.

Personal de confianza

Otro punto de fricción política fue el séptimo, que proponía la contratación de personal eventual de confianza. Se trata de dotar el puesto de secretaria de Alcaldía, vacante desde antes de fin de año. Eulalio Díaz-Cano criticó que se cubra sin valoración de méritos. Afirmó que la alcaldesa “ha intentado justificar que será la única jueza del proceso en la línea de lo que han hecho en el Legado Bustillo”. Y llegó a decir que esto demuestra “que hay gente en la que se confía y en la que no se confía”.

Luisa Márquez explicó que “los puestos de confianza son así”, y se preguntó si su antecesor pasó algún proceso selectivo para su nuevo cargo como delegado de Bienestar Social. Negó que desconfíe de nadie y apoyó su decisión en la necesitad de tener una persona “que me ayude a gestionar y tenga las aptitudes correspondientes para ello”. El punto salió adelante con la mayoría del equipo de gobierno.

Kiosco de la plazuela

Hubo dos puntos más, ambos aprobados por unanimidad. El primero hacía referencia a la solicitud de baja del servicio de Matadero Municipal. Se trata de una actividad en desuso, que además está transferida a la Junta desde el año 2013. El segundo punto debatía la retirada del kiosco que hay en mitad de la Plaza de Canalejas, popularmente conocida como Plazuela de la Marquina. No tiene ninguna actividad desde hace años y afea el entorno. Se aprobó recuperar ese espacio de dominio público para uso y disfrute de la ciudadanía.

Ruegos y preguntas

En ruegos y preguntas, la oposición planteó tres cuestiones. Por un lado, María José Arias preguntó sobre la proyección de películas semanales y el anunciado día del espectador. La concejala de Cultura, Ángela Notario, explicó que el tipo de proyecciones depende de otros actos culturales para evitar solapar y que se prepara una ordenanza para crear el día del espectador. Jose Chacón expresó su preocupación por la ermita de San Sebastián y preguntó si se va a ayudar económicamente al arreglo del tejado. El concejal de Hacienda, Ramón Gallego, insistió en que no es asumible la inversión que propone el PSOE “cuando tenemos goteras en nuestro propio Ayuntamiento”. Propuso otras alternativas, entre ellas que la parroquia inste al propietario del inmueble contiguo a colaborar, aunque brindó el apoyo municipal para cualquier trámite. Por último, Basilio el Olmo preguntó si se cubrieron todos los turnos policiales en diciembre y enero. La respuesta la remitirá el equipo de gobierno por escrito, previo informe del subinspector-jefe.