Cristina Miranda Luján. Gerente de la Asociación Provincial de Hostelería.

Parece mentira que una actividad tan lesiva para la imagen de las ciudades y pueblos, para la salud de nuestros jóvenes y para el desarrollo empresarial como es el denominado Botellón, sea hoy el adalid de una sociedad moderna, único entretenimiento de los jóvenes y objeto de promoción y fomento por parte de los Ayuntamientos de nuestra provincia.

¿En qué sector, que no sea el hostelero, sucede esto? ¿O alguien se imagina vendiendo la ropa del cambio de temporada en cualquier calle sin que automáticamente se le impusiera multa por venta ambulante no autorizada y se le instara a ir al Mercadillo y pagar la tasa correspondiente?

El argumento podría ser similar al que estamos hartos de escuchar: “Es que la ropa en los comercios es cara…”

O en el sector de la Construcción, ¿imaginaríamos que bajo el mismo argumento cortoplacista se procediera a ocupar casas ajenas porque “comprar una casa es caro”? Todo ello sin tener en cuenta en lo más mínimo los niveles de empleo, impuestos, salarios, costes sociales o costes fijos y variables que cualquier actividad empresarial soporta y que, evidentemente, debe ser repercutido en el precio de venta.

Bien, pues ni más ni menos esto es lo que sucede con el conocido como Botellón.

Y no sólo se consiente, sino que se fomenta ¡¡hasta haciendo urinarios con dinero público!! (En la capital, el equipo de Gobierno anterior los construyó y el equipo actual los acaba de arreglar. Como verán, el absurdo no tiene color político; es demasiado voraz para encorsetarlo bajo unas siglas).

Y así nos va: nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado porque este entretenimiento tiene consecuencias que nos tocan a todos. Reflexione Vd. que esta actividad genera mayores gastos de limpieza por parte de los servicios municipales, que pagamos entre todos, incrementa los ingresos en urgencias de jóvenes -muchos, menores- afectados (en algunos casos en coma etílico), que también pagamos entre todos, y genera una sobrecarga de trabajo a los servicios públicos de Policía Local y cuerpos de seguridad que, desgraciadamente todavía (quizá sea una promesa política futura), no tienen el don de la ubicuidad con las escasas plantillas con las que cuentan.

Y si todo esto le parece poco, empobrece, hasta obligar al cierre, al sector empresarial hostelero de cualquier localidad, genera problemas de convivencia y salubridad con los vecinos, daña irreparablemente la imagen de una localidad y está comprometiendo la salud de una generación completa mediante esta normalización del consumo de alcohol.

Digo yo que más nos valdría normalizar con dinero público valores como el respeto, la urbanidad, el esfuerzo o los hábitos saludables.

¿Algún responsable municipal puede decirme una sola razón, UNA SOLA, sobre la conveniencia de seguir permitiendo esta barbaridad?

Desde el sector empresarial hostelero y turístico apelamos al sentido común de los responsables municipales de los Ayuntamientos de la provincia y al sentido común de padres y familias. Y valentía para cortar de raíz esta actividad de forma generalizada. No es imposible: Granada y Albacete, ambas localidades cercanas a nuestra provincia, ya lo han conseguido.

Desgraciadamente sólo se tomarán medidas cuando suceda una desgracia, de la que por cierto conviene destacar que será responsable único el Ayuntamiento correspondiente.

Y entonces nos echaremos las manos a la cabeza y pensaremos que “esta broma sí nos ha salido cara”.